El Tribunal de la UE condena la  «acción de oro» de Francia y Portugal, pero acepta la de Bélgica

 BRUSELAS. AGENCIAS [4-junio-2002]

El Tribunal de Justicia de la UE (Tribunal de Luxemburgo) dictaminó hoy que el uso
de la "acción de oro", con la que los Gobiernos se reservan a autorizar ciertas acciones de empresas privatizadas, sólo puede justificarse "por razones imperiosas de interés general" y si, además, la medida impuesta por el Gobierno es "proporcionada respecto al fin perseguido".

Según informó la Corte en un comunicado, hoy se publicaron tres sentencias sobre tres casos de "acción de oro" en Francia, Portugal y Bélgica. El Tribunal rechazó las dos primeras, considerándolas incompatibles con la libre circulación de capitales, pero aprobó la norma belga, por considerar que cumple estos estrictos requisitos.

El Tribunal subraya que las ´acciones de oro´ "constituyen en principio una excepción" a la libre circulación de capitales dentro de la UE y a la libertad de establecimiento, y sólo pueden justificarse si responden a un "interés estratégico" y, además se basan en criterios precisos, que las empresas conozcan de antemano, que puedan ser objeto de un control jurisdiccional y "que no puedan sustituirse por medidas menos restrictivas".

Así, las sentencias del Tribunal, la primera sobre el uso de la ´acción de oro´, desoyen la interpretación que hizo el abogado general de la propia Corte Dámaso Ruiz-Jarabo. En su opinión, la ´golden share´ es admisible si no discrimina a los ciudadanos nacionales de los de otros países miembros de la UE. Sin embargo, las sentencias zanjan el debate y, además, pueden sentar un precedente para el resto de casos que están pendientes. Ante el Tribunal están también España y Reino Unido, y Holanda y Dinamarca tienen abiertos procedimientos de infracción por la Comisión Europea. En el caso de España, Bruselas denunció en 2000 la ley de 1995 que permitió crear la acción de oro para las privatizaciones de Repsol, Telefónica, Endesa, Tabacalera y Argentaria.

Además, la decisión del Tribunal influirá en las políticas sobre mercado único de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario mantuvo hace un año, a petición de su vicepresidenta Loyola de Palacio, un debate sobre el uso de la acción de oro, y concluyó que es necesario analizar caso por caso.

Ayer mismo, el comisario europeo de Mercado Interior y uno de los principales detractores de la ´golden share´, Frits Bolkestein, afirmó que tendrá en cuenta la sentencia a la hora de proponer una nueva directiva sobre Ofertas Públicas de Adquisición de acciones (OPAs).

 El caso que hoy recibió el visto bueno de la Corte se refiere a dos Reales Decretos de 1994 por los cuales el Ministerio de Energía de Bélgica puede oponerse a cualquier transferencia de instalaciones o decisiones de gestión de las empresas Société Nationale de Transport par Canalisations y Distrigaz "que puedan poner en peligro el abastecimiento de gas natural en el país". El Tribunal dictaminó que el objetivo perseguido por esta ´acción de oro´, asegurar el abastecimiento, es "compatible con el Derecho comunitario" y que los medios son proporcionados, ya que no se exige autorización previa, se fijan plazos estrictos, hay un control jurisdiccional y, además, la Comisión Europea "no ha demostrado que dichas disposiciones puedan ser reemplazadas por una medida menos restrictiva".

En Francia, se trata de un decreto de 1993 para la empresa Elf-Aquitaine, según el cual el ministerio de Economía debe aprobar previamente las adquisiciones de capital, por parte de empresas o particulares, que sobrepasen un cierto umbral. El Ministerio podía también oponerse a los proyectos de cesión de activos de la empresa. En este caso, el Tribunal estima "que las medidas controvertidas van manifiestamente más allá de lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo" y, además, crean inseguridad jurídica, por que "no mencionan las circunstancia específicas y objetivas en que se concederá o denegará la autorización". Por ello, la sentencia condena "un poder discrecional tan amplio, que constituyen una grave infracción del principio fundamental de la libre circulación de capitales".

En el caso de Portugal, la norma polémica es un decreto ley de Portugal de 1993, que establece la autorización previa del Ministerio de Finanzas para la adquisición de más de un 10 por ciento de sociedades objeto de privatización y una ley portuguesa de 1990 que precisa, en cada caso, la participación máxima extranjera autorizada, en el marco de la privatización en los sectores bancario, asegurador, energético y de transportes. Así, el Tribunal rechaza, por una parte "el trato manifiestamente discriminatorio para los inversores de otros Estados miembros" y, por otra, señala que las medidas se deben a la "protección de interés financiero" del país, algo que "no puede constituir una justificación válida de una restricción a la libertad de circulación".